Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa
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estudios de amenaza, estudios de riesgo, movimientos en masaSynopsis
A partir de la expedición de la ley de gestión del riesgo de desastres (Ley 1523 de 2012), los municipios del país deben hacer estudios de riesgos naturales como parte esencial de las políticas de planificación del desarrollo seguro y gestión ambiental territorial sostenible.
En atención a lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) suscribieron el Convenio Especial de Cooperación 020 de 2013, con base en el cual se desarrolla la presente guía metodológica. Cabe recordar que entre los objetivos misionales del SGC están la investigación, seguimiento y monitoreo de las amenazas geológicas para la gestión integral del riesgo, ordenamiento territorial y la planificación del territorio, con experiencia de más de 30 años en evaluación de amenaza por movimientos en masa a diferentes escalas y producción de información geocientífica durante cien años; por su parte, la UNAL tiene entre sus funciones misionales colaborar en el desarrollo socioeconómico del país mediante investigación científica y técnica, gracias a una experiencia acumulada de más de 20 años de trabajos e investigaciones en estabilidad de laderas y evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa.
En esta guía se describen los lineamientos metodológicos para realizar estudios de riesgo por movimientos en masa a escala detallada o local, que se podrán aplicar en la mayoría de las cabeceras municipales y centros poblados pequeños y medianos de Colombia; es decir, aquellos considerados dentro de las categorías 5 y 6, de acuerdo con las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012.
El proceso de la elaboración de esta guía incluyo las siguientes etapas básicas: la primera consistió en revisar juiciosamente referencias recientes y obligadas para establecer el estado del arte en evaluación de riesgos por movimientos en masa, y con base en ello se identificaron los métodos y procedimientos más convenientes para aplicarlos en el medio actual a la escala de detalle que se requiere, considerando la disponibilidad de información y viabilidad técnica y económica.
La segunda etapa correspondió a la discusión amplia y franca de los temas que se desarrollan en la guía, tanto en el grupo de trabajo interinstitucional (SGC y UNAL) como en reuniones y talleres en los que se contó con la participación de asesores externos nacionales e internacionales y con la presencia de representantes de entidades con experiencia investigativa académica y de gestión en materia de riesgos naturales. Como resultado de esta etapa se destaca el desarrollo discutido y consensuado de la guía, esencial para lograr legitimidad y aceptación por parte de quienes deben emplearla.
La tercera etapa del proceso consistió en la armonización de la guía con la normativa vigente, en particular con el proyecto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para incorporar la gestión de riesgo en los planes de ordenamiento territorial de los municipios, el cual finalmente se formalizo mediante el Decreto 1807 del 19 de septiembre de 2014 y con la Resolución 1907 de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para incorporar la gestión del riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca).
En esta guía se presentan con detalle los procesos metodológicos que se deben seguir para cumplir con la normatividad en lo relacionado con las etapas de evaluación del riesgo por movimientos en masa, de modo que su ejecución sea viable a partir de la información y las herramientas disponibles y que con ello se consigan condiciones básicas de calidad, rigurosidad y uniformidad en los estudios.
Debido a la complejidad implícita en las condiciones que determinan la estabilidad o inestabilidad de las laderas, donde entran en juego variables como el entorno geológico e hidrogeológico, el tipo de terreno, la pendiente, el agua, los sismos y los usos del terreno, no se puede desconocer la importancia del juicio de los expertos en los procesos de evaluación y análisis integral de riesgos. Sin embargo, en la guía se busca que ese juicio experto se pueda plasmar de la manera más objetiva posible, con el fin de reducir los márgenes de discrecionalidad en la valoración e interpretación de cada uno de los parámetros que se evalúan, para lo cual se plantean procedimientos metodológicos claros, basados en una muy buena cartografía temática –levantada al nivel de detalle que exige la escala de trabajo–, una exploración y caracterización del subsuelo acorde con la complejidad geológica y los problemas de inestabilidad identificados, el uso de la información hidrológica y sismológica disponible para los análisis de estabilidad, la utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para los procesamientos y análisis cartográficos y el uso de herramientas numéricas para los cálculos de estabilidad y desplazamiento de los materiales.
Por otra parte, se busca que los resultados, plasmados en mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, representen de acuerdo con su nivel de calificación (alto, medio, bajo) significados similares, independiente del municipio estudiado o del consultor que realice el estudio, para lo cual es necesario plantear técnicas uniformes de evaluación, procesamiento y valoración de los datos.
En este documento se toman como base algunas guías internacionales, entre estas las normas australiana (AGS, 2007) y europea (JTC-1, 2008) y varios trabajos de tipo metodológico para la evaluación de riesgo por deslizamientos realizados en Colombia, entre los cuales se pueden mencionar los de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, DPAE (2000), Ingeocim Ltda. (2000), Ingeominas (2001), González (2005), JAM (2007) y Yamin et al. (2013).
Los resultados del estudio se relacionan en un documento metódico y conciso en el que se indican los datos requeridos, los pasos o procesos que se deben seguir en cada una de las etapas, los resultados que se obtienen y la forma como se deben presentar e interpretar los resultados. Además, se da a conocer parte de un capítulo dedicado al perfil de los profesionales necesarios para la ejecución o supervisión de tales estudios.
Finalmente, vale la pena señalar que en el Convenio SGC-UNAL se tiene prevista una segunda fase de validación y ajuste de la guía con base en un estudio piloto, con lo cual se espera poder identificar los aspectos positivos y negativos que aquí se plantean, tales como la viabilidad en el desarrollo de cada una de las etapas de evaluación y análisis y la utilización practica del resultado final como herramienta de gestión, que sea comprendida y asimilada por los encargados de incorporar los estudios de riesgo en la elaboración o actualización de los planes de ordenamiento territorial.
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